Bruselas quiere definir de una vez si los riders son empleados o autónomos

Bruselas quiere definir de una vez si los riders son empleados o autónomos

La Comisión Europea quiere fijar una serie de criterios objetivos para intentar dilucidar si los riders, repartidores vinculados a algunas de las plataformas digitales o apps más usadas en el continente, son autónomos o, como muchos de ellos consideran, trabajadores por cuenta ajena sin el estatus legal y las condiciones que podría exigir en función de lo que hacen cada día. Bruselas calcula que hay más de cinco millones de falsos autónomos sin los derechos que merecen y trata de resolver la disputa a nivel continental, tras más de 100 sentencias de los tribunales. Pero no es un debate sencillo, no va a quedar resuelto con las iniciativas anunciadas hoy y, en el mejor de los casos, llevará todavía meses, si no años, que las ideas se materialicen.

En los últimos años los tribunales de los 27 se han pronunciado decenas y decenas de veces, y hay cientos de sentencia pendientes, estableciendo que algunos repartidores o conductores, eran en realidad empleados y que las empresas que contrataban sus servicios no eran meras mediadoras digitales. Los veredictos han ido en todas las direcciones, desde cortes que pensaban que los chóferes de Uber eran o debían ser empleados directos en Londres a la derrota de los riders de Deliverro en Bélgica, que esta misma semana han recibido un no a las mismas demandas. Por eso la Comisión, cuyas competencias en la materia no son directas en todos los aspectos, quiere meter baza. Pero lo hace asumiendo que en muchas cosas serán los gobiernos nacionales los que tengan la última palabra.

Bruselas propone hoy una comunicación, unas directrices y una propuesta de Directiva. En la UE la Comisión Europea tiene la iniciativa legislativa, pero cualquier idea debe pasar por el Parlamento Europeo y el Consejo (los gobiernos, representados por los ministros), que negociar, pulen o incluso reescriben por completo la idea original. De ahí que ahora se abra un largo proceso cuyo resultado es una incógnita, y más en temas que afectan de lleno a legislaciones laborales, y cosmovisiones económicas y digitales, tan diferentes.

De forma simplificada y resumida, la Comisión sugiere que si los riders o conductores o trabajadores del sector de las plataformas digitales cumplen al menos dos condiciones de una serie establecida, sean considerados empleados de la empresa, y no autónomos. Y por tanto, no sólo deben ser reconocidos con el estatus sino con todos los derechos que los acompañan, desde un salario mínimo (si procede) a la protección de los convenios colectivos, horario limitado, cobertura sanitaria, bajas médicas, protección frente a accidentes laborales y cotización para las pensiones.

Por ejemplo, si la aplicación determina el nivel de remuneración o establece límites máximos; si la plataforma supervisa el desempeño del trabajo a través de medios electrónicos; si se restringe de alguna manera, en especial los algoritmos, la libertad de elegir el horario de trabajo o los períodos de ausencia, aceptar o rechazar tareas o utilizar subcontratistas o sustitutos. Igualmente, la UE apunta al hecho de si la empresa establece la obligatoriedad de usar un uniforme o restringe la posibilidad de crear una base de clientes o realizar trabajos para terceros. Si un repartidos se reconoce en al menos dos categorías debería ser considerado por defecto un empleado, de salir esta iniciativa legislativa adelante. Y será la empresa la que deberá demostrar que no hay relación laboral.

El punto de partida es que hay muchísimos que son, claramente, falsos autónomos, pero no todos. Y el objetivo es diferenciarlos con la mayor precisión posible. Los técnicos calculan que el 90% de los 28 millones de trabajadores asociados a estas plataformas son autónomos, pero que al menos 5,5 millones no están bien clasificados y con el nuevo marco entre 1,7 y 4,1 millones serían considerados trabajadores por cuenta ajena . La gran mayoría, sin embargo, más de 22 millones sí serían en realidad lo que dicen sus contratos, sean autónomos o empleados.

La Comisión sugiere que si esos criterios se cumplen sean considerados empleados, y que corresponda a las plataformas y empresas disputar la decisión, pero la carga de la prueba corresponderá a quien debe demostrar que no hay relación laboral, no al revés, como hasta ahora se intentaba en los tribunales. «Los criterios aportarán seguridad jurídica, reducirán los costes de litigación y facilitarán la planificación del negocio», asegura la iniciativa. «Con cada vez más puestos de trabajo creados por las plataformas laborales digitales, debemos garantizar condiciones de trabajo decentes para todos aquellos que obtienen sus ingresos de dicho empleo. Nuestra propuesta de Directiva ayudará a los falsos autónomos que trabajan para plataformas a determinar correctamente su estado de empleo y disfrutar de todos los derechos sociales que conlleva. Los autónomos auténticos en las plataformas estarán protegidos mediante una mayor seguridad jurídica sobre su estado y habrá nuevas salvaguardias contra los escollos de la gestión algorítmica. Este es un paso importante hacia una economía digital más social», estima la vicepresidenta Margrethe Vestager, responsable de Competencia.

Hasta ahora pocos Estados miembro (España lo ha hecho recientemente) han abordado directamente la cuestión, a pesar de que Bruselas tiene contabilizadas más de 100 sentencias de los tribunales y 15 decisiones administrativas en casos concretos. E incluso cuando los Gobiernos han actuado ha sido casi siempre de forma muy concreta, para sectores muy puntuales. Hay más de 500 plataformas digitales que prestan servicios, desde reparto de comida a transporte pasando por recados, en toda la UE. Algunas son grandes multinacionales y otras pequeñas start-up locales, pero la UE calcula que los ingresos superan los 20.000 millones anuales. Hay 28 millones de ciudadanos que trabajan de alguna manera a través de esas plataformas digitales, pero en 2025 podrían ser ya 43 millones, estima la Comisión. De ellos, sin embargo, el 55% gana menos del salario mínimo y dedican de media casi 9 horas a la semana a tareas no remuneradas ligadas a su empleo, frente a las 12.6 horas que sí cobran.

Otro de los objetivos principales de la propuesta legislativa de hoy es aumentar la transparencia de los algoritmos. La Comisión quiere que todas las personas que realizan trabajos a través de esas plataforma tengan derecho a ser informadas sobre los detalles de los sistemas de monitoreo y toma de decisiones afectan sus condiciones de trabajo. Hasta ahora los repartidores se quejan del secretismos y la falta de claridad. La Directiva, de salir adelante, exigiría que los trabajadores, autónomos o no, reciban información clara sobre cómo están siendo supervisados y evaluados, incluyendo por parte de los clientes. También recibirían información sobre los elementos que conducen o apoyan decisiones clave, como la asignación de tareas, las propuestas de honorarios y bonificaciones.

La Directiva forzaría a que los representantes de los trabajadores y las autoridades laborales también tengan acceso a dicha información. Igualmente, las plataformas laborales digitales no podrían recabar ni procesar ningún dato personal que no esté directamente relacionado con el trabajo realizado. Ni se les permitirá recopilar datos mientras la persona no haya iniciado sesión en la aplicación. Además, entre los derechos reconocidos a cada repartidos o conductor estaría el de poder impugnar decisiones automatizadas que afecten a sus condiciones de trabajo, siendo obligatorio que los trabajadores tuvieran tengan acceso a un contacto humano para discutir las decisiones que las impactan significativamente. Si se le solicita que revise su decisión, la plataforma debe responder dentro de una semana. En caso de que la decisión viole los derechos de la persona, la plataforma laboral digital debe corregir la decisión o proporcionar una compensación, dice la propuesta de hoy.

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