El Gobierno se niega a perdonar la deuda con el sector público en su nueva Ley Concursal

El Gobierno se niega a perdonar la deuda con el sector público en su nueva Ley Concursal

El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley con la nueva Ley Concursal en la que se ha negado a acabar con el privilegio del sector público en el cobro de deudas, a pesar de que la directiva europea que está transponiendo pedía garantizar el derecho a una «plena exoneración de deudas» para los deudores.

Esto supone que incluso a los deudores de buena fe, que no pueden hacer frente a sus compromisos, sólo se les perdonarán hasta 1.000 euros de deuda con Hacienda y 1.000 euros con la Seguridad Social, según ha precisado la ministra de Justicia, Pilar Llop. El resto tendrán que devolverlo.

«No queremos que nadie deje de emprender por culpa de un proyecto fallido que le lastre para siempre«, ha apuntado la ministra, pero no ha precisado que eso sólo aplicará cuando esas deudas sean con el sector privado.

El proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros este martes sirve también para transponer la directiva europea 2019/1023, conocida como la directiva de insolvencias, y que curiosamente establece en su artículo 20 que «los Estados miembros velarán por que los empresarios insolventes tengan acceso al menos a un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de deudas de conformidad con la presente Directiva».

La ministra ha explicado que en el artículo 23 de la directiva vienen determinadas qué deudas pueden exonerarse, y ese artículo no contempla directamente que las deudas con el sector público estén incluidas. Si bien tampoco prohíbe que se incluyan, de ahí que lo estados podrían haberlo hecho.

Por su parte, el artículo 81 de la norma europea recoge que «cuando exista una razón debidamente justificada con arreglo al Derecho nacional, podría ser conveniente limitar la posibilidad de exoneración para determinadas categorías de deuda», algo a lo que ha recurrido el Gobierno español.

«En nuestro caso, lo consideramos (el privilegio del crédito público) debidamente justificado por el sistema de pensiones que tenemos en el país, con pensiones públicas, en lugar de pensiones privadas como tiene otros países», ha señalado, en alusión a que el Estado no puede permitirse perdonar un sólo euro de deuda ante los enormes compromisos de gasto que tiene, como por ejemplo en el pago de las pensiones.

La ministra, no obstante, ha precisado que la ley ahora tiene que tramitarse en el Congreso donde el resto de partidos podrían introducir enmiendas que podrían cambiar este proyecto.

«Se mantiene la imposibilidad de exonerar crédito publico al deudor persona física, lo que implica que se mantiene un coste tributario que difícilmente se va a poder satisfacer. Lo del límite de exoneración de 1.000 euros a la Agencia Tributaria y 1.000 euros a la Seguridad Social nos parece poco menos que un insulto a los deudores concursados de buena fe«, ha lamentado Pere Vilella, socio de FTI & Partners, en declaraciones a El Mundo.

En su opinión, existen «incongruencias» entre los objetivos que ha trasladado el Gobierno y lo que realmente se ha aprobado. El Gobierno ha especificado que sus objetivos eran reducir costes, avanzar en un sistema de alertas tempranas preconcursales y fomentar los acuerdos de reestructuración.

«Se hace hincapié en las alertas tempranas pero se mantiene la no obligación de presentar concurso debido a la moratoria. Si lo que se pretende con las alertas tempranas es incentivar al deudor para que presente cuanto antes el concurso, es totalmente incongruente haber mantenido y ampliado la moratoria concursal. Lo que parece es que se ha aprobado la Ley deprisa y corriendo para poder recibir los fondos europeos y que se ha hecho de manera muy diferente a lo que Bruselas pretende», señala.

Guillermo Prada, economista y socio en la firma PradaGayoso, reivindica es que es de interés de la Hacienda Pública conceder una segunda oportunidad a los que fracasen en su iniciativa empresarial, ya que sino supondrá «expulsarles a la economía sumergida y renunciar a los tributos que su retorno a la actividad podría generar».

«No se trata solo de que la directiva nos obligue a ello, sino de que si queremos fomentar el espíritu empresarial no podemos transmitir a los emprendedores que, si fracasan una vez, ya no podrán levantarse porque Hacienda les perseguirá hasta la tumba«, subraya.

Coindice con él Javier Díaz-Gálvez, socio de la firma de reestructuraciones Abencys, quien considera que la norma tendrá efectos negativos y no cumplirá con los objetivos de la directivas.

«Son muchos los expertos en materia concursal y económica los que temen posibles efectos negativos tanto para el sector como para las empresas en el caso de aplicarse tal y como está configurada en este momento», señala.

Hace referencia a que se excluya la figura del administrador concursal, lo que en su opinión «supone un gran riesgo para la seguridad jurídica de los acreedores, que van a quedar desamparados durante el proceso» y va a dar lugar a «más carga de trabajo sobre los ya sobrecargadados Juzgados mercantiles».

El nuevo procedimiento, que en el caso de las microempresas se realizará a través de una plataforma informática, en su opinión «reducirá las garantías de que se alcance el principal objetivo de los concursos: potenciar la maximización del recobro, lo que sería muy perjudicial para los intereses de los acreedores ordinarios».

Se refiere a una nueva plataforma digital a través de la cual se resolverá de forma automática la situación concursal de las micropymes, que suponen un 94% del tejido productivo español.

«Nos preocupa la eliminación práctica del administrador concursal en el 94% de los procedimientos, que son los de micropymes. No sé si el legislador ha tenido en cuenta que con esa definición de micropyme esta plataforma dará servicio al 94% de los casos. La directiva europea define una micropyme como aquella que tiene hasta 10 trabajadores y hasta 350.000 euros de facturación, no 2 millones como el Gobierno. Se esperaba que traspusieran literalmente pero hacen una interpretación que no tiene mucho sentido», ha lamentado por su parte Álex Munne, al frente de la Asociación Nacional de Entidades Especializadas en la gestión de activos.

Si aplicaran ese concepto «afectaría al 30% y no al 94% que son las que realmente sí necesitarían un procedimiento más ágil. Esto además desatascaría los juzgados», apunta.

Jordi Albiol, socio responsable de Concursal de la firma DWF-RCD, cree que «hay una parte positiva de la norma muy loable que es que busca potenciar instrumentos preconcursales y se ha abordado con cierta profundidad; pero otras cuestiones son mejorables: como que no se aborda el estatuto jurídico del administrador concursal -se lleva a reglamento-, o el procedimiento para micropymes que va a ser telemático a través de formularios -lo que genera muchas dudas de seguridad jurídica y para el propio deudor».

«Se incluye un beneficio de exoneración de deudas de particulares, lo que se conoce como la segunda oportunidad. Pero el crédito público no va a ser exonerable. Esto provoca que los deudores van a ser insolventes de por vida«, avisa.