Feijóo requiere a Sánchez que anule el reparto «injusfificado» de fondos europeos a CCAA afines y se une al pulso de Ayuso

Feijóo requiere a Sánchez que anule el reparto «injusfificado» de fondos europeos a CCAA afines y se une al pulso de Ayuso

Primera batalla judicial de comunidades autónomas contra el Gobierno central sobre el reparto de los fondos europeos en una fase en la que la Comisión Europea revisa su aplicación. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado un requerimiento al Consejo de Ministros para anule un decreto de Yolanda Díaz por «favorecer injustificadamente» a cuatro comunidades autónomas en cuyos gobiernos participa el PSOE. «Esperamos respuesta y es un paso previo a su impugnación«, indican a este diario fuentes oficiales de la Xunta de Galicia. El requerimiento ha sido enviado por la propia presidencia de la Xunta y está en línea con decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid este miércoles de impugnar ante el Tribunal Supremo ese mismo reparto. Se trata del decreto de Yolanda Díaz del pasado 19 de octubre que asignó nueve millones de euros a la Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra -cuyos presidentes son socialistas- y País Vasco -en cuyo gobierno participa el PSOE- con motivo de «financiar nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad» con cargo a los fondos.

Tanto Feijóo como Ayuso coinciden en que en este asunto el problema no es tanto la cifra, insignificante en la tarta de las decenas de miles de millones de los fondos, sino la necesidad de dar freno inmediato a una tendencia a la arbitrariedad que puede ir a más al no haber optado el Gobierno centrar por el modelo de gestión de fondos mediante una agencia independiente como reclamó el líder del PP, Pablo Casado.

En su requerimiento para que el Gobierno anule el decreto, la presidencia de la Xunta alega que «la adjudicación directa por razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras razones debidamente justificadas que obstaculicen su convocatoria pública, es excepcional y requiere una motivación rigurosa. A pesar de ello, la exposición de motivos del RD 902/2021 solo contiene declaraciones genéricas o no genéricas«. Díaz alega en el decreto el problema de «despoblación que afecta al Pirineo navarro y la diversidad sectorial, industrial, de servicios y agraria de la estructura socioeconómica de las Comunidades Autónomas de Extremadura, Valencia y País Vasco», pero la Xunta señala que es un problema «de la mayoría de las 17 comunidades autónomas». Además, considera que el decreto vulnera competencias tanto de las comunidades autónomas, como la conferencia sectorial en la que se acuerdan las distribuciones de fondos y de la Ley General de Subvenciones del Estado. Esta última vulnerada tanto en el procedimiento como en la «vulneración de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación».

Según el requerimiento, «la adjudicación directa de subvenciones se ha realizado con absoluta falta de transparencia, sin posibilidad de intervención del resto de Comunidades Autónomas y favoreciendo injustificadamente a cuatro comunidades a las que se conceden recursos adicionales para actuaciones de los proyectos incluidos en la inversión 4 del componente 23 del Plan de Recuperación».

Por su parte, La Comunidad de Madrid ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto con el que el Gobierno central distribuyó nueve millones de euros de los fondos europeos Next Generation para la promoción del empleo a cuatro comunidades -País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura-. Según el equipo de Isabel Díaz Ayuso ese reparto se hizo aplicando «criterios sectarios y partidistas».

«Es intolerable», ha resumido el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. «Nos parece que estamos siendo peor tratados que los demás y no estamos dispuestos a consentirlo», añadió, según informa Marta Belver. «Como queremos que eso no sólo se revierta sino que no vayan a repetirlo con ninguna otra actuación ni con ninguna otra cantidad de dinero era necesario llevarlo al Tribunal Supremo. Creemos que nos dará la razón», confía Fernández-Lasquetty.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Trabajo admitieron la concesión selecta a esas comunidades, pero recalcaron que de forma legal. «El Servicio Público Estatal de Empleo ha repartido en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, con todas las CCAA, y con un amplio acuerdo, más de 2798 millones de euros otorgados. Este reparto se ha hecho según los parámetros habituales». «Después, el SEPE, en el ejercicio de sus competencias y con fondos propios, distribuyó para planes piloto que servirán de base para los futuros programas de garantía juvenil 9 millones de euros al País Vasco, Valencia, Navarra y Extremadura», agregan. Aseguran que les ampara «el artículo 22.2.c de la Ley General de Subvenciones así como por el RD-ley 36/2021, que regula la gestión de los fondos del PRTR». Y que, «los 9 millones de euros destinados proceden del fondo de reserva del SEPE para proyectos territoriales».

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, salió en esta ocasión en defensa de Díaz en declaraciones a Onda Cero: «Estas reclamaciones no son en absoluto pertinentes (…) las rechazo de plano». Y defendió que Madrid es de las comunidades más beneficiadas en el reparto de los fondos por detrás de Andalucía y Cataluña. Ayuso también ha criticado los criterios de ese reparto.

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, protestó contra la impugnación. «Lo lamento mucho, esa no es la España en la que yo creo», sostuvo Vara. Recalcó que en los meses más duros de la pandemia y mandó respiradores a la Comunidad de Madrid «porque estaba en aquellos momentos mucho peor que nosotros».

«Esa es la España en la que yo creo, no es la España de fuegos artificiales que parece que algunos están queriendo construir», dijo.