Montero inicia la reforma de la financiación con una «victoria» para Valencia y el descontento del resto

Montero inicia la reforma de la financiación con una «victoria» para Valencia y el descontento  del resto

El Gobierno valenciano puede por fin cantar «victoria» con la financiación autonómica. Primero, porque el Ministerio de Hacienda ha activado la reforma del modelo enviando su propuesta a las comunidades autónomas, algo que la Conselleria de Hacienda venía reclamando desde hace años. Y segundo, porque la reivindicación valenciana pasaba por una exigencia básica: que el documento de María Jesús Montero pivotase en torno al criterio de población ajustada.

Y así ha sido, tal y como destacó el conseller Vicent Soler, que valoró «muy positivamente» el documento del Ministerio: «Por primera vez desde que se creó el sistema de financiación en 2002, hay una propuesta de criterio de reparto en base a la población ajustada, y especialmente en base a variables demográficas, lo que permitirá acabar con la discriminación actual que sufren los valencianos«. En opinión de Soler, que recientemente salió a la calle a protestar por el bloqueo de la financiación -junto al resto de partidos, patronal y sindicatos-, el nuevo planteamiento de Hacienda «evita que se desvirtúen las necesidades de gasto e incrementa el peso de variables como la sanitaria, la educativa o la de servicios sociales».

De hecho, la tesis de la Comunidad Valenciana siempre ha sido que el punto de partida debía ser el de poder pagar los servicios públicos en función de la cantidad de población a la que hay que atender, al margen de otros criterios que esgrime la España vaciada. Y este escenario es que el ya no se cumplía con el actual modelo, según denuncia la Generalitat y corroboran las cifras de Fedea.

La última liquidación del sistema en 2019 dejó a la Comunidad Valenciana como la región peor financiada de España, con 2.618 euros por habitante, frente a los 3.321 de Cantabria. De ahí que el PP valenciano haya lamentado que, sin embargo, no se da salida a la llamada deuda histórica, es decir, a la acumulada durante todos estos años de infrafinanciación de la Comunidad Valenciana con un modelo caducado desde 2014.

De esta manera, el documento inicial para comenzar la reforma de la financiación autonómica -cuyo modelo lleva ya siete años caducado- se acerca a la vía que lidera la Comunidad Valenciana, pero en la que también están la Región de Murcia y Andalucía.

Era el modelo que más gustaba en Hacienda, como ya publicó este periódico, aunque desde el propio Ministerio tratan de evidenciar que también se acerca a algunos de los criterios que piden las ocho comunidades que representan a la España vacía. «La propuesta remitida por el Ejecutivo contempla variables correctivas que tiene en cuenta el mayor coste que implica la despoblación o la insularidad además de incorpora indicadores más robustos, detallados y realistas para fijar la distribución del gasto sanitario, educativo y de los servicios sociales», apuntan.

Además, en Hacienda subrayan que se trata de un texto inicial, que las comunidades deberán estudiar y completar con sus propuestas, y añaden que el objetivo es que todas las regiones salgan beneficiadas, razón por la que insisten en que también las G-8 de la España despoblada. Y es que en el departamento que dirige Montero son totalmente conocedores de que el acuerdo entre todas las comunidades será complejo, y por ello se esfuerzan en trasladar que ninguna región perderá con el acuerdo y que es necesario «un debate serio, en el que se valore si el nuevo modelo es justo o no».

Pero el inicio, más allá de lo apuntado por Valencia, no parece que sea el mejor. Porque la Región de Murcia, que en principio estaba de acuerdo con el modelo valenciano, ha manifestado ya que el Gobierno de Pedro Sánchez va a enviar la reforma del Sistema de Financiación Autonómico por «fascículos» para «ocultar un nuevo maltrato», al tiempo que ha exigido la «urgente convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera».

Andalucía, que también está en ese grupo, considera que la propuesta es «huida hacia adelante» y critica que no recoge el fondo transitorio compensatorio para evitar las desigualdades entre las regiones. A Cantabria, que forma parte del G-8, el modelo «le suena mal«. Y Cataluña, que junto a Madrid son las interesadas en que no se aplique un criterio de población ajustada, ya ha adelantado que no corregirá la «infrafinanciación y el déficit fiscal» que sufre, informa Europa Press.

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