Publicado el 21/07/2025 por Administrador
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El gobierno de Venezuela ha denunciado ante la comunidad internacional graves abusos cometidos contra ciudadanos venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad construida por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. Según las autoridades venezolanas, al menos 252 migrantes repatriados recientemente fueron víctimas de golpizas, torturas, violencia sexual y condiciones de reclusión inhumanas durante su estancia en esa prisión.
La denuncia fue presentada oficialmente tras el retorno de los migrantes a Venezuela el pasado 18 de julio. Muchos de ellos ofrecieron testimonios en medios estatales donde describieron haber sido víctimas de castigos físicos constantes, alimentación deficiente, falta de atención médica y humillaciones sistemáticas por parte de los custodios salvadoreños. Uno de los repatriados incluso aseguró haber perdido un riñón debido a las golpizas sufridas.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, anunció la apertura de una investigación penal contra el presidente salvadoreño Nayib Bukele, así como contra el ministro de Justicia y el director del sistema penitenciario de ese país, por presuntos delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En paralelo, el gobierno de Nicolás Maduro afirmó que elevará el caso a instancias como la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, se ha solicitado el acompañamiento de la ONU para documentar formalmente las violaciones denunciadas por los migrantes.
La megacárcel CECOT, inaugurada en 2023 como parte de la estrategia de “mano dura” de Bukele contra las pandillas, ha sido cuestionada en múltiples ocasiones por organizaciones defensoras de derechos humanos. Estas han alertado sobre condiciones de hacinamiento extremo, falta de debido proceso y detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción que rige en El Salvador desde 2022.
En este contexto, las denuncias venezolanas agravan la situación y colocan un foco de atención internacional sobre los acuerdos migratorios entre El Salvador, Estados Unidos y Venezuela. Cabe recordar que el grupo de 252 repatriados formaba parte de un canje migratorio avalado por Washington, mediante el cual se buscaba descongestionar prisiones y agilizar procesos de deportación.
Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones, aunque sectores afines al oficialismo han calificado las denuncias de “maniobra política” del chavismo. No obstante, la presión internacional crece y se espera que organismos multilaterales exijan acceso al CECOT para verificar las condiciones carcelarias denunciadas.
La situación también ha generado un debate interno en Venezuela. Mientras algunos sectores aplauden la acción del gobierno en defensa de sus ciudadanos, otros critican lo que consideran una doble moral, al comparar estas denuncias con las condiciones carcelarias dentro del propio sistema penitenciario venezolano.
Más allá de las tensiones diplomáticas, el caso abre una nueva etapa de escrutinio internacional sobre las políticas de seguridad en América Latina y el trato que reciben los migrantes detenidos en contextos de cooperación regional. Las voces de los repatriados podrían ser clave para impulsar cambios estructurales en el sistema carcelario salvadoreño y en la manera como los países manejan el fenómeno migratorio en la región.
