Semana decisiva para la reforma laboral: «Estamos en la recta final. Todo va bastante rápido»

Semana decisiva para la reforma laboral: «Estamos en la recta final. Todo va bastante rápido»

El Gobierno tiene doce días (nueve si se obvian los días 24, 25 y 31 de diciembre) para aprobar la reforma laboral y cumplir con la Comisión Europea, de ahí que encare esta semana las últimas reuniones decisivas con los agentes sociales para intentar lograr un acuerdo.

Después de no conseguir la semana pasada esbozar un preacuerdo sobre el que redactar el texto final -trabajo que no será tan sencillo como puede parecer-, sindicatos y patronales han pasado el fin de semana estudiando las propuestas que están sobre la mesa, sin que haya habido intercambios de documentos relevantes este sábado y domingo.

«Tranquilidad hasta el lunes«, señalaban este domingo fuentes sindicales de la negociación a EL MUNDO. «Hay que estudiar bien lo que hay encima de la mesa en este momento y tenemos varias reuniones convocadas que aunque estaban previstas, hay que preparar. La negociación va a continuar esta semana«, apuntaban otras.

Los agentes sociales necesitan más conversaciones a lo largo de esta semana para poder llegar a un consenso, pero el tono empieza a ser algo más optimista, sobre todo por parte de la patronal, que hasta la fecha se ha mostrado más conservadora.

«Estamos en la recta final de la negociación«, apuntan fuentes cercanas a la CEOE. «Todo va bastante rápido pero habrá que esperar a la semana que viene», admitían por otro lado desde entornos próximos.

La semana arranca con una reunión este lunes a las 9 de la mañana que será crucial. En caso de que hoy no se llegue a un acuerdo, servirá para conocer el grado de optimismo que puede mostrar el Ejecutivo en su rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, 21 de diciembre.

Una vez alcanzado el pacto, se iniciará la fase de redacción de la norma que modificará los artículos del Estatuto de los Trabajadores que están siendo revisados y en ese proceso previsiblemente continuarán las negociaciones sobre la letra pequeña. Tras el acuerdo de brocha gorda, será preciso el visto bueno de los detalles finos.

Cuando antes se entre en esta fase de redacción, más probable es que el Ejecutivo consiga presentar una norma jurídica que cumpla con los estándares en el Consejo de Ministros de la próxima semana, el martes 28 de diciembre o, en su defecto, en un Consejo extraordinario el jueves 30.

En ambos casos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, conseguiría cumplir con el compromiso pactado con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación: aprobar una nueva reforma laboral antes de acabe el año 2021.

«Es preciso abordar a través del diálogo social un paquete equilibrado y coherente de reformas que permitan reducir el desempleo estructural y el paro juvenil, reducir la temporalidad y corregir la dualidad del mercado laboral, aumentar la inversión en capital humano, modernizar los instrumentos de negociación colectiva y aumentar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas de empleo», se recoge en el Componente 23 de ese plan.

En los detalles de la reforma se precisa que los objetivo son reducir la temporalidad (simplificando el número de contratos a tres, generalizando la contratación indefinida y devolviendo al contrato temporal «la causalidad que le corresponde con la duración limitada»), además de proporcionar a las empresas «mecanismos internos para ajustarse ante situaciones de crisis o cambios cíclicos en la demanda», como los ERTE durante la pandemia.

«La reforma debe garantizar que las empresas pueden adaptarse con rapidez a los cambios en el contexto económico, con mecanismos alternativos a la alta temporalidad y el encadenamiento de los contratos de muy corta duración», apuntan.

Además, la reforma tendrá que reducir la temporalidad del sector público, penalizar la excesiva utilización de contratos de muy corta duración y atajar el fraude laboral.

Si no se alcanza ese preacuerdo, el Ejecutivo se verá en una tesitura complicada: aprobar una reforma sin contar con el apoyo de los agentes sociales (algo que Bruselas podría reprocharle porque comprometería su estabilidad) o bien pedir a la Comisión una extensión del plazo, algo poco probable ya que dilataría a su vez el desembolso de fondos europeos.

Con todo, el optimismo que trasladan los interlocutores del diálogo social parece apuntar a que esta semana será exitosa y que el Gobierno podrá cumplir con Bruselas.

El punto está ahora en conseguir el equilibrio entre lo que podrían aceptar las patronales, sobre todo en los límites al uso de los contratos temporales y la modificación de las condiciones sustanciales del trabajo,y lo que exigen los sindicatos, que ahora se centra en la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y la vuelta a la ultraactividad de los convenios.