Un juzgado de Zaragoza sentencia que 329 repartidores de Glovo eran falsos autónomos

Un juzgado de Zaragoza sentencia que 329 repartidores de Glovo eran falsos autónomos

El Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza ha sentenciado que 329 repartidores de la mochila amarilla actuaban como falsos autónomos, ya que desarrollaban una actividad propia de empleados asalariados. Da así la razón a la Seguridad Social en contra de las pretensiones de la empresa Glovo, que deberá devolver casi 400.000 euros por cotizaciones atrasadas.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó en 2018 un acta de infracción contra Glovo yel macrojuicio, tras aplazarse varias veces, se celebró el 12 de febrero de 2021. La sentencia, que este sábado adelanta El Periódico de Aragón, dedica la mitad de los 50 folios de los que consta a examinar caso a caso a los 329 repartidores afectados.

Dice que Glovo se llevaba el 30% de la factura que paga el cliente y entre cinco y seis euros de cada 100 correspondían al repartidor. Esto demuestra que la empresa obtenía una «plusvalía o ganancia» y que la cantidad que percibía de los comercios era mayor a la que abonaba a los repartidores.

Según las citadas fuentes, el principal argumento que esgrime la jueza es que la plataforma, en la que concurren trabajadores, clientes y establecimientos, es «determinante para la prestación del servicio».

Sin embargo, los empleados «no intervenían en la organización del proceso ni participaban en la estructura organizativa ni en la directiva que seleccionaba y negociaba las condiciones» con los comercios.

El tribunal considera que Glovo tiene «dos formas de control» de los riders, como son la geolocalización y la asignación de repartos mediante un algoritmo que exige que el repartidor no pueda elegir.

Según fuentes jurídicas de la Seguridad Social, «la jueza hace valer la presunción de certeza de la administración y Glovo no ha conseguido demostrar que no es cierto el resultado de la investigación». Además, la sentencia destaca que «no hay una asunción de riesgos por parte de los repartidores».

El fallo constata, asimismo, que las condiciones de los trabajadores analizados cumplen con los elementos de «ajenidad y dependencia», los dos conceptos nucleares para determinar si un trabajador es asalariado, tal y como lo recoge el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores.